El instrumento internacional fue ratificado por mayoría en la Sala, luego de dos jornadas de debate, donde algunos parlamentarios dejaron constancia de sus reservas de constitucionalidad y de las sugerencias de declaración interpretativa en materia de protección de empresas del Estado y mecanismos de resolución de controversias
La Sala del Senado despachó el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico más conocido como TPP 11, entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018.
Luego de 2 jornadas de debate, este martes 11 de octubre, el tratado se sometió a votación tal como estaba previsto, luego del respectivo acuerdo de Comités. De este modo, el instrumento fue aprobado por 27 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención quedando listo para su trámite de promulgación.
Al término de la votación la canciller, Antonia Urrejola, agradeció el trámite de aprobación del instrumento internacional y dio cuenta de las preocupaciones del Ejecutivo respecto a los denominados mecanismos de solución de controversias y la estrategia de las ‘side letters’ o cartas laterales.
Sugerencias
Tal como se había anticipado un grupo de senadores y senadoras del oficialismo, encabezados por David Núñez y Claudia Pascual, entre otros, presentaron dos sugerencias en atención a lo dispuesto en el artículo N°54 de la Constitución que establece que “el Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional”.
Las sugerencias de declaraciones interpretativas decían relación con “las normas que restringen las empresas del Estado y el mecanismo de solución controversias que podrían ser perjudiciales para los intereses nacionales”. Ambas se rechazaron por 22 votos contra 8.
Al respecto, hicieron uso de la palabra para fundar sus posturas contrarias a estas sugerencias los senadores Matías Walker, Iván Moreira, José Miguel Insulza, Luciano Cruz Coke quienes señalaron “que en nada inciden en el trámite y promulgación del tratado” y recalcaron que “junto con abordar materias contenidas en el protocolo respectivo”, estas sugerencias “requerirían de un trámite independiente que no involucra el tratado mismo”.
En tanto, los senadores David Núñez, Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, precisaron que el alcance de las sugerencias está definido en la propia Constitución y solo apuntan a una solicitud que debería acoger el presidente de la República una vez que se pronunciara también la Cámara.
Reserva de constitucionalidad
Al inicio de la sesión se produjo también una discusión reglamentaria, luego que el senador Karim Bianchi, en nombre del comité independiente, adelantara su reserva de constitucionalidad sobre el acuerdo, puesto que, a su juicio, faltaría un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre normas del tratado.
El argumento fue respaldado por sus pares Alejandra Sepúlveda y David Núñez, mientras que, el senador Matías Walker, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, precisó que “prácticamente todos los tratados tienen las mismas cláusulas y no se ha requerido la opinión a la Corte Suprema pues la facultad dice relación con las atribuciones de los tribunales de justicia de nuestro país”.
Similar postura refrendaron los senadores Ricardo Lagos Weber, Luciano Cruz Coke e Iván Moreira. Estos dos últimos junto con reconocer la prerrogativa del senador Bianchi a reunir las firmas necesarias para recurrir ante el Tribunal Constitucional abogaron por la pronta entrada en vigencia del acuerdo.
