Por: Gabriel Caldes C. Consultor. MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”
En los últimos días, la prensa ha publicado algunos titulares que no dejan de sorprender. Uno de ellos es “El agua del salar de Atacama enfrenta a Minera Escondida con el grupo Luksic”( http://www.mch.cl/2018/11/12/agua-del-salar-atacama-enfrenta-minera-escondida-grupo-luksic/ ) Este conflicto por el agua debe ser tan feroz, que ambas grupos económicos prefirieron embarcarse en un juicio público y mediático, con los costos reputacionales que eso significa y asumir el escarnio público, antes de llegar a un acuerdo colaborativo que es lo que deberían tender a realizar los actores hídricos y la autoridad.
El otro titular es “Antofagasta Minerals aprobó́ importante inversión por US$1.300 millones” y más adelante el artículo indica que “Las obras contemplan construir una planta desalinizadora de respaldo en caso de sequía.” (http://www.mch.cl/2018/11/15/antofagasta-minerals-aprobo-importante-inversion-us1-300-millones/). Esta última declaración “en caso de sequía” es incomprensible, desvinculada de la realidad hídrica y del país. La minera a la cual se refiere el titular es Los Pelambres, que está ubicada en la Región de Coquimbo que junto con la Región de Atacama, son las más afectadas por la sequía en el país, situación que se ve agravada por la sobre explotación de los acuíferos por parte de los propios usuarios de la cuenca y a pesar de eso, ¿se mirará el mar solo, en la medida que los acuíferos empiecen a bajar sus niveles producto que no existan precipitaciones?.
En relación a la escasez hídrica, estos titulares más otros factores, entregan una frustrante señal al país, de un inmovilismo político con la complicidad del Estado y los sectores productivos involucrados, con algo de intencionada indiferencia, que a pesar de la realidad que se vive en la zona central y norte de algunas de las 101 cuencas del país, de una serie de alertas tempranas de organismo nacionales e internacionales, académicos y científicos, donde se nos advierte de los riesgos ambientales, sociales, económicos y sus eventuales efectos en el desarrollo, que estamos enfrentando producto de la escasez hídrica y el cambio climático.
Con el cambio climático estamos justificando problemas que en la actualidad tenemos como consecuencia de un prolongado e inadecuado manejo de los recursos hídricos en los últimos 30 o 40 años en el país. El cambio climático ha venido a empeorar o hacer aún más compleja la actividad hídrica que estamos realizando. En otras palabras, pareciera que el conflicto de escasez hídrica, en algunas cuencas del norte (Copiapó, Elqui, Limarí) y centro del país (Aconcagua y otras), son producto de la sobre explotación por parte de los propios usuarios y esta escasez en estas cuencas, se habría producido con o sin cambio climático, este fenómeno vino a anticipar la crisis y agravar la situación hídrica.
Las primeras señales ya vienen de los años 90, donde el país comenzaba un proceso de político y de desarrollo con tasas de crecimiento sostenido del 6% y 7%, proceso que aumentaba la demanda de agua, también en forma sostenida, y se proyectaba de igual forma su tendencia futura. Lo anterior, fue acompañado de entrega sobre dimensionada de derechos de aprovechamiento de aguas por parte del Estado, sin tener información sólida de la capacidad hídrica de los acuíferos, colaborando de esta manera, para que años después, en la zona central y norte del país, permitiera a futuro una sobre explotación que presionarían los acuífero hasta estresarlo.
Por otra parte, desde esos años, se desarrolló una profusa y dispersa institucionalidad pública del agua, que en la actualidad, no facilita la operación y coordinación entre organismos públicos y de estos con los privados, dando origen a una gobernanza engorrosa e inadecuada para las exigencias actuales, con una falta importante de información y de la información existente, alguna de ellas es contradictoria dependiendo al tenedor de la información o de los sectores productivos de las cuencas.
Según el Banco Mundial en su informe “CHILE Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos” ya en el año 2011, indicaba como la falta de herramientas de gestión e información impedía conocer los recursos hídricos en el país, la existencia de controles ineficientes de las extracciones, legales o ilegales, la incapacidad de los usuarios organizados para realizar gestión hídrica. .
Esta permisividad de llegar a la situación actual, en parte, es responsabilidad de un entorno jurídico, político y administrativo. El Código de Agua, que se reformó el año 1981, en un período donde no existía una legislación o exigencias medio ambientales, conceptos como cambio climático, sostenibilidad hídrica, desalación de agua, derecho humano de acceso al agua y saneamiento y menos se concebía la posibilidad que los acuíferos superficiales y subterráneos se podrían quedar sin agua o que las aguas servidas tratadas y reciclada se podrían utilizar o infiltrar en los acuíferos para su recuperación. Tampoco, la necesidad de adaptar el marco regulatorio es inevitable y pronto.
No está lejana la experiencia de la crisis energética, que comprometía el desarrollo del país y que con un liderazgo político e institucional robusto, y validado por los sectores involucrados, entre otros, empresas, ONGs y movimientos sociales, se logró un acuerdo amplio que permitió cambiar el rumbo de una crisis energética, mediante el diseño de un nuevo marco normativo con visión de futuro, moderno y transparente que permitió la competencia con la incorporación de nuevos actores que ofertaban tecnologías que hasta ese momento no eran viables por su costo, sin embargo, nos han permitido aumentar en forma sostenida la oferta energética y a precios razonable, que nos permitió incluso un liderazgo impensado en materia de energías renovables no convencionales a nivel global.
La solución hídrica del país, requiere a la brevedad de un liderazgo político e institucional fuerte que actualmente no se visualiza, como tampoco se percibe una disposición del mundo político y de los sectores productivos comprometidos con el conflicto, para participar en un proceso de cambios jurídico, institucional, gestión y tecnológico, que resuelva la escasez hídrica y mitigue los efectos del cambio climático.
Solo mediante este liderazgo político robusto y un sector empresarial consciente que estamos en un serio riesgo de comprometer la convivencia social y la capacidad productiva del país, podemos llegar a un acuerdo político nacional que nos permita empezar a salir de este conflicto.
Mientras tanto seguiremos en lo mismo, poniendo en riesgo el futuro del país.
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