Por: Diego Ancalao G. Presidente Fundación del Desarrollo de Liderazgo Indígena
A propósito de la discusión en el Parlamento del salario mínimo, que hoy tienen enfrentados al sector sindical con el Ejecutivo por sueldos más justos y dignos, cabe recordar las desigualdades salariales y discriminaciones que existen en la actualidad entre los trabajadores indígenas y no indígenas. Según el último estudio del Observatorio Nacional Laboral y Encuesta Casen de 2017, los ingresos de la población indígena son menores a los no indígenas en un 39%, $340 mil pesos v/s $472 mil pesos, lo que es una diferencia no menor de $132,500. Esto último no implica que los no mapuches estén bien, pues los índices de desigualdad de Chile lo confirman, sino que el problema es que el mundo indígena está brutalmente mal.
Los culpables de esta situación de desigualdad son los empresarios que discriminan para contratar, pues no quieren contratar indígenas, y los que contratan pagan menos al indígena que al no indígena. Por ende, el número de indígenas con contrato indefinido son 8 puntos menor al resto, 44,3% v/s 52%.
Es responsable también el Estado por no generar leyes que igualen los ingresos, y por sobre todo son responsables también los gobiernos de turno que han permitido que las personas trabajen sin contrato y, lamentablemente, los indígenas sin contrato superan al resto de la población, con un 12,3% v/s 10,9%. Otras cifras indican también que los trabajadores indígenas con menos de 12 años de educación son peor remunerados, con 41,5% v/s 30,4%; la población indígena tiene más empleos por cuenta propia, 23,2% v/s 18,9%; los trabajadores indígenas por cuenta propia ganan 33% menos que los no indígenas; los asalariados indígenas ganan 22% menos que los no indígenas.
En conclusión, el tema central aquí es la discriminación y el rol de las forestales, lo que se corrobora cuando la Encuesta Casen y estudios del Instituto Forestal (Infor) demuestran que las comunas de La Araucanía y el Bío Bío con plantaciones forestales sobre el 20% de la superficie, son las más pobres y con mayor cesantía que las comunas con menos de un 5% de plantaciones forestales.
La Araucanía es la región más pobre de Chile, con porcentajes que superan los dos dígitos, eso quiere decir más de 200 mil personas son pobres y no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Un ejemplo es Collipulli, donde está Forestal Mininco, con un 50% de superficie forestada tiene un 34,2% de pobreza según la Casen. Lumaco el año 2000 tenía 38% de pobreza, con grandes superficies forestales, y hoy aumentó la pobreza a un 48,4%. Ercilla un 44%. Es decir, la mayor desigualdad se encuentra en las zonas donde operan las empresas forestales, con trabajos informales, gente sin contratos y mayor tasa de ruralidad.
Resulta paradójico que los dueños de las forestales figuran dentro de los más ricos de Chile y el mundo, además, son subsidiados por el Estado entre un 75 a 90% de sus costos. Lo anterior, junto a gobiernos que no han tenido una política clara y de acuerdo a la experiencia internacional para resolver de una vez por todos los derechos políticos y económicos de las primeras naciones de Chile.
En este sentido, las soluciones pasan porque el Estado termine la discriminación hacia el mundo indígena en lo laboral, tal como se hizo con los derechos de las mujeres. Además, impedir trabajos sin contrato y sin seguro social.
El derecho internacional dice que los pueblos originarios tienen derechos económicos, tal como lo señala el Artículo 1 número 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 y 20 número 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Se debe comprender que el desarrollo económico del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas es un bien no solo para los pueblos originarios, si no que ayuda a Chile por lógica simple, ya que si se desarrolla el pueblo mapuche también crece Chile.
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