La fiscalización anual del Consejo para la Transparencia (CPTL) evidenció una baja con respecto a la calidad y tiempos de respuesta que entregan organismos de la administración central del Estado, tras una solicitud anónima en línea por información sobre códigos de ética y comités de integridad
El Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció un aumento de los obstáculos en materia de acceso a la información en organismos públicos del nivel central, lo que se vio reflejado en una caída de 12 puntos porcentuales en promedio – 83,8% a 71,7%- entre 2017 y 2018, en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Derecho de Acceso a la Información en su modalidad electrónica.
Entre los principales resultados de la fiscalización 2018 del CPLT, destacó el aumento en la cantidad de instituciones que no respondieron a la solicitud de información o lo hicieron fuera de plazo, las que fueron más del doble que las registradas en 2017. Entre ellas: el Servicio de Salud Metropolitano Central, la Subsecretaría de Hacienda y la Subsecretaría del Interior.
Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, las cifras registradas por este proceso muestran que “algunas instituciones bajan la guardia en el cumplimiento de obligaciones básicas establecidas en la Ley de Transparencia, lo que no ayuda en un contexto en que el sector público es mirado muchas veces con desconfianza”.
De acuerdo a los resultados según sector, los peores desempeños se concentraron en las Intendencias Regionales y las Gobernaciones Provinciales, que mostraron bajas de 46 y 24 puntos porcentuales promedio entre 2017 y 2018, respectivamente. Cifras que, de acuerdo a lo planteado por el CPLT podrían explicarse a partir de respuestas que no fueron centralizadas desde el Ministerio del Interior sino que fueron respondidas por cada organismo, recibiéndose gran cantidad de información incompleta.
Otro sector que mostró debilidades fue el de salud, dado que los hospitales autogestionados y servicios de salud mostraron caídas de 15 y 11 puntos porcentuales promedio. Estas bajas podrían explicarse en niveles de desconocimiento sobre la materia a la que apuntaba el requerimiento. En contraposición, los Gobiernos Regionales fueron de los pocos sectores que mostraron un alza entre 2017 y 2018 de 87% a 93% promedio. En este grupo destacan con un 1% de variación al alza en el mismo período las Superintendencias, que subieron de 93% a 94% promedio.
En cuanto a los desempeños por ministerio, las caídas más significativas entre los años 2017 y 2018 las registraron las carteras de Energía, que bajó 42 puntos en su promedio de cumplimiento (de 89% a 47%); Interior, con una caída de 75% a 51% promedio; Justicia que registró una disminución de 22 puntos porcentuales -de 98% a 75% promedio-; Hacienda con menos 19 puntos porcentuales promedio, reduciendo su porcentaje de cumplimiento de 95% a 77% promedio; y Medio Ambiente que mostró una variación negativa de 16 puntos porcentuales, de 96% en 2017 a 80% en 2018.
Para el titular del CPLT “estas cifras no ayudan a avanzar en la percepción de transparencia en un escenario en que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas muestra altos niveles de desafección hacia los organismos públicos”. Sondeos como la Encuesta Nacional de Transparencia 2017 del CPLT mostró, entre otros resultados, que se mantiene la llamada “crisis de confianza” al identificarse que un 78%, esto es siete de cada diez chilenos, considera que estas instituciones son “muy corruptas”.
Asimismo, un 86% de los encuestados afirma “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”. En ese sentido, sólo un 23% de los encuestados dice confiar en el sector público y un 25% en el sector privado.
Códigos de ética y comités de integridad
Esta fiscalización se realiza mediante una solicitud de acceso a la información en línea a las 333 entidades de la administración central del Estado, de manera anónima, como podría hacerlo cualquier persona interesada en acceder a antecedentes de carácter público que manejan estos organismos.
La información recabada a través de esta fiscalización del CPLT apuntó a las resoluciones que aprobaron el Código de Ética y la creación del Comité de Integridad de los organismos que componen la Administración Central del Estado. De este universo, un 15% indicó no tener Código de Ética ni Comité de Integridad (49). Dichas acciones son algunas de las medidas propuestas en el marco de la implementación de la Agenda de Probidad y Transparencia del Ejecutivo.
