El parlamentario socialista, aseveró, que “si se rechaza interrumpir el embarazo, no puede haber convenio de dineros del Estado que vayan a esas universidades o esas instituciones confesionales, porque si se niegan a dar esa prestación, es obvio que no pueden recibir financiamiento estatal cuando el Estado ya aprobó la Ley de Interrupción del Embarazo”.